Está pendiente de publicación y, por tanto, de confirmación; pero ya sabemos que la facturación electrónica será obligatoria para todas las empresas próximamente. Más concretamente, se está barajando un horizonte de 3 años desde la publicación de la norma, aunque las empresas que facturen más de 8 millones de euros al año tendrían un año para adaptarse.

El Consejo de Ministros aprobó en noviembre de 2021 una ley que establecía la facturación electrónica como obligatoria para empresas y autónomos, así que se espera que a lo largo de 2022 se publique en el BOE (y comience a correr el contador para adaptarse, en este caso en 2023 o en 2025, dependiendo de la facturación anual). Así en un intervalo que no superará los cinco años, todas las empresas dejarán de utilizar el papel como soporte principal para la facturación.

Esta decisión, que pretende servir como otro impulso para digitalizar las empresas españolas, se enmarca dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España. Con fondos NextGen de la Unión Europea, es una de las medidas para responder a los efectos de la crisis del Covid-19.

La implantación de la facturación electrónica, además de pasar a ser obligatoria, tiene otros beneficios para las empresas. La Unión Europea considera primordial la transformación digital combinada con la transformación ecológica y la factura electrónica incide sobre ambas: la eliminación del papel es un avance medioambiental, pero a su vez, llevar la facturación electrónica supone reducción de costes y aumento de la productividad, principalmente; mientras ayuda a luchar contra la morosidad y el fraude fiscal.

La obligatoriedad de la facturación electrónica

Aunque están por confirmar los detalles técnicos, para los que tendremos que esperar a la publicación en el BOE en los próximos meses, las entidades que han estado trabajando en el borrador del proyecto nos han adelantado algunas obligaciones que parecen seguras. Por un lado, habrá que expedir y remitir facturas electrónicas, así como facilitar un entorno en el que el receptor pueda acceder, ver y descargar sus facturas (que debe ser gratuito). Además, este acceso deberá ser válido durante al menos 4 años, incluso si el destinatario ha dejado de ser cliente.

En cuanto al calendario, que también se desconoce, se prevén dos fases. La primera, donde las empresas que facturen más de 8M€ anuales, que deberán adaptarse a la norma en el plazo de un año. La segunda, donde las empresas que facturen menos de 8M€ anuales, que podría ser gradual empezando por pymes y después entrando microempresas y autónomos en la obligatoriedad. Esta segunda fase durará 3 años.

Es probable que existan incentivos para realizar este cambio lo antes posible o para que no suponga un lastre (sobre todo en el caso de las empresas más pequeñas o autónomos), pero se desconoce por el momento. Lo que sí se sabe es que en el anteproyecto se especifica que el uso de facturación electrónica será requisito indispensable para entrar en contrataciones públicas y para solicitar cualquier ayuda.

Las empresas que deseen implantar la facturación electrónica ahora, no sólo por la futura obligatoriedad, sino por los beneficios que puede reportar al negocio, pueden aprovechar las ayudas de Kit Digital para ello, con una subvención máxima de 1.000 €.

Soluciones para cumplir la normativa

En IGN ya estamos trabajando para que nuestros clientes que no utilicen a día de hoy la factura electrónica puedan cumplir la normativa. A la espera de conocer el detalle técnico, tenemos experiencia en la implantación de soluciones de facturación electrónica de una forma totalmente integrada con Microsoft Dynamics NAV o Business Central.

Seguiremos informando de los avances que se produzcan en este sentido para que la eliminación del papel para la facturación sea una oportunidad de mejora a través de toda la organización. Contacta con nosotros para resolver cualquier duda o iniciar el proceso.